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El Gobierno los convocó para que colaboren en la seguridad pública. Pero uno de los gremios que los agrupa sostiene que la preparación es mala. Denuncian que sólo el 20% tiene credencial oficial. 
Además denunció que sólo el 20% está acreditado ante el Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (REPRIV), el organismo oficial que regula la actividad y que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Juan Carlos Alcaíno, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Vigilancia e Investigaciones Privadas (Agevip), afirmó a UNO que la preparación que tienen los vigiladores es “mediocre”. Y que “ de ninguna manera” este personal, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y que lo componen en la actualidad más de 5.000 miembros, está en condiciones de colaborar con la seguridad pública como planteó el ministro Alfredo Cornejo.
“Evidentemente no puede colaborar. Si lo hace, va a ser de manera muy limitada, ni hablar de que tengan que actuar”, sostuvo el gremialista.
Cómo parte de su estrategia para combatir el delito, el gobernador Julio Cobos y el ministro de Seguridad presentaron el sábado un sistema por el cual los vigiladores, a través de un código brindado por el ministerio, tendrán contacto directo con el Comando Radioeléctrico.
De esta forma el Sistema Integral de Ubicación Sectorial (SIUS) “ se basa en la coordinación del trabajo entre las agencias de seguridad privada y la policía para la prevención del delito”, según se informó oficialmente. La seguridad privada estará para aportar datos. Pero también los que lleven armas podrán hacer uso de ellas en el lugar específico que están cuidando.
“En la actualidad, sólo la mitad del personal, o a lo sumo el 60%, está preparado para cumplir bien con su labor”, según Alcaíno.
Un crecimiento exponencial
Para él, las falencias van desde la escasa formación que brinda el Estado hasta la poca preocupación de las empresas para mandar a los cursos al personal. “Pierden plata si lo hacen. Un vigilador que está en el curso es uno que no está trabajando”, dice.
Datos aportados de manera oficial dan cuenta de que en la actualidad el sistema de seguridad privada opera con 5.570 vigiladores, que trabajan para 88 empresas que brindan servicios en unos 1.460 comercios y barrios privados de la provincia entre otros “objetivos”.
Tienen registradas cerca de 400 armas y la hora se paga $4,40. En los últimos años la actividad creció acorde a la disparada de los índices del delito: en 1998 los agentes registrados eran 2.500 y hoy son más del doble.
En la actualidad hay dos agrupaciones gremiales del sector en Mendoza. Una es Agevip y la otra es UPSRA (Unión Personal de Seguridad Privada República Argentina), que están enfrentadas entre sí.
La seguridad privada está regulada por ley (6.441) desde 1997 y en el 2005 (a instancias del propio Cornejo) se modificó esa norma, que se tradujo en la ley 7.421.
Entre otros criterios se fijó el uso obligatorio de equipos de comunicación para todos los efectivos de seguridad privada que les permita comunicarse con la policía y el uso de chalecos antibala para protección de los agentes que tengan armas de fuego.
También pasó de la órbita privada a la estatal el adiestramiento de los vigiladores e impuso la creación de una credencial provincial única para identificar a los agentes.
Alcaíno sostiene que hoy poco de eso se cumple: “Algunos pueden tener equipos de comunicación, pero muchos les piden a los vigiladores que usen sus propios celulares. Chalecos, salvo los que hacen custodia de caudales, menos que menos”.
