Actualidad Cintia Vargas
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La mitad de las agencias de seguridad privada que operan en Mendoza trabajan en condiciones de ilegalidad. Así lo afirmó el presidente de la recientemente formada Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza, Carlos Quiroga.
“En la provincia operan alrededor de 80 empresas que ofrecen servicios de seguridad, de las cuales unas 70 son las que están inscriptas ante el Ministerio de Seguridad, pero de ellas sólo 44 cumplen con toda la normativa que se requiere“, detalló Quiroga.
Esta situación ha sido planteada por la cámara, que fue conformada en diciembre con la intención de que se normalice la situación. Además, el sindicato que nuclea a esos trabajadores denuncia la falta de capacitación y condiciones de precariedad en las que trabajan.
Las empresas de este rubro concentran a unos 4.000 trabajadores en total, es decir dos tercios de la fuerza policial de Mendoza, que está compuesta por unos 6.000 uniformados. Por esta razón tanto los representantes de las agencias de seguridad como sus trabajadores consideran necesario jerarquizar la actividad para poder llegar a convertirse en un complemento de la fuerza policial.
El presidente de la cámara de vigiladores responsabilizó al Estado por la escasa capacidad de control que éste tiene sobre las empresas.
“Nosotros hemos planteado la necesidad de que se hagan más controles para detectar a las agencias que trabajan en condiciones irregulares. Hay una gran cantidad de empresas que trabajan desde un garaje, que no tributan impuestos, tienen empleados en negro, no pagan ART, no tienen seguro de responsabilidad civil y no pagan las cargas sociales“, detalló Quiroga.
“Además –siguió el dirigente– lo más grave es que el personal no tiene la credencial habilitante para desarrollar la actividad”.
Credencial obligatoria
A partir del 2004, cuando se modificó la ley Nº6.441 que regula la actividad de los servicios de vigilancia, la capacitación para los agentes de seguridad privada pasó a ser de carácter obligatorio.
Esa norma establece que el Ministerio de Seguridad debe dictar una serie de cursos dirigidos a ese sector, al término de los cuales ese organismo otorgará una credencial habilitante que tendrá que renovarse cada dos años, con un visado anual.
También plantea que a los vigiladores que porten armas se les exigirán las mismas condiciones que a los policías, así como también acreditar horas de práctica de tiro ya sea en armerías o en el Tiro Federal.
A partir del 2005 se comenzaron a dictar los cursos de capacitación que, entre otros puntos, incluyen técnicas de prevención de delitos, técnicas de vigilancia, defensa civil, defensa personal, manejo de armas de fuego y evacuación de personas ante catástrofes.
Pero pese a lo que se estipula en la ley, el curso aún no ha terminado de darse a todo el personal registrado como vigilador pese a que hace dos años que se comenzó a dictar .
A raíz de esta situación de precariedad, Quiroga resaltó la necesidad de que aquellas personas que decidan contratar algún servicio de seguridad privada, deben chequear que las empresas tengan en regla todo lo estipulado en la normativa y exigir la credencial del vigilador.
Para eso, pueden asesorarse en el Ministerio de Seguridad o llamar a los números 155028412 o 155957422 de la Cámara de Vigiladores de Mendoza.
“En la provincia operan alrededor de 80 empresas que ofrecen servicios de seguridad, de las cuales unas 70 son las que están inscriptas ante el Ministerio de Seguridad, pero de ellas sólo 44 cumplen con toda la normativa que se requiere“, detalló Quiroga.
Esta situación ha sido planteada por la cámara, que fue conformada en diciembre con la intención de que se normalice la situación. Además, el sindicato que nuclea a esos trabajadores denuncia la falta de capacitación y condiciones de precariedad en las que trabajan.
Las empresas de este rubro concentran a unos 4.000 trabajadores en total, es decir dos tercios de la fuerza policial de Mendoza, que está compuesta por unos 6.000 uniformados. Por esta razón tanto los representantes de las agencias de seguridad como sus trabajadores consideran necesario jerarquizar la actividad para poder llegar a convertirse en un complemento de la fuerza policial.
El presidente de la cámara de vigiladores responsabilizó al Estado por la escasa capacidad de control que éste tiene sobre las empresas.
“Nosotros hemos planteado la necesidad de que se hagan más controles para detectar a las agencias que trabajan en condiciones irregulares. Hay una gran cantidad de empresas que trabajan desde un garaje, que no tributan impuestos, tienen empleados en negro, no pagan ART, no tienen seguro de responsabilidad civil y no pagan las cargas sociales“, detalló Quiroga.
“Además –siguió el dirigente– lo más grave es que el personal no tiene la credencial habilitante para desarrollar la actividad”.
Credencial obligatoria
A partir del 2004, cuando se modificó la ley Nº6.441 que regula la actividad de los servicios de vigilancia, la capacitación para los agentes de seguridad privada pasó a ser de carácter obligatorio.
Esa norma establece que el Ministerio de Seguridad debe dictar una serie de cursos dirigidos a ese sector, al término de los cuales ese organismo otorgará una credencial habilitante que tendrá que renovarse cada dos años, con un visado anual.
También plantea que a los vigiladores que porten armas se les exigirán las mismas condiciones que a los policías, así como también acreditar horas de práctica de tiro ya sea en armerías o en el Tiro Federal.
A partir del 2005 se comenzaron a dictar los cursos de capacitación que, entre otros puntos, incluyen técnicas de prevención de delitos, técnicas de vigilancia, defensa civil, defensa personal, manejo de armas de fuego y evacuación de personas ante catástrofes.
Pero pese a lo que se estipula en la ley, el curso aún no ha terminado de darse a todo el personal registrado como vigilador pese a que hace dos años que se comenzó a dictar .
A raíz de esta situación de precariedad, Quiroga resaltó la necesidad de que aquellas personas que decidan contratar algún servicio de seguridad privada, deben chequear que las empresas tengan en regla todo lo estipulado en la normativa y exigir la credencial del vigilador.
Para eso, pueden asesorarse en el Ministerio de Seguridad o llamar a los números 155028412 o 155957422 de la Cámara de Vigiladores de Mendoza.
Reclaman más control estatal
Para Juan Carlos Alcaíno, titular de uno de los dos gremios que en la provincia nuclean a los vigiladores, “el Estado debería ejercer más control sobre las empresas para evitar los abusos laborales y además debería ocuparse más de profesionalizar la tarea del empleado de seguridad“.
“Las conferencias se han dado en forma muy precaria, reúnen a 200 personas en un gran salón y dan cursos masivos cuando deberían darse en el Instituto de Seguridad Pública con grupos reducidos”, opinó.
Agregó que sería necesario crear una estructura permanente de capacitación para que todos los vigiladores jóvenes que se van sumando a esa tarea puedan formarse.
Por último, denunció que en Mendoza hay muy pocas empresas que cumplen con lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, graficó que un vigilador debería ganar un sueldo mínimo de bolsillo de $1.070, pero son pocas las empresas que terminan cumpliendo con esa cifra.
“Las conferencias se han dado en forma muy precaria, reúnen a 200 personas en un gran salón y dan cursos masivos cuando deberían darse en el Instituto de Seguridad Pública con grupos reducidos”, opinó.
Agregó que sería necesario crear una estructura permanente de capacitación para que todos los vigiladores jóvenes que se van sumando a esa tarea puedan formarse.
Por último, denunció que en Mendoza hay muy pocas empresas que cumplen con lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, graficó que un vigilador debería ganar un sueldo mínimo de bolsillo de $1.070, pero son pocas las empresas que terminan cumpliendo con esa cifra.
